Como ya hemos comentado, el paso día 9 de septiembre, las autoridades de protección de datos de Argentina, Colombia, España, México, Uruguay y Perú celebraron en Lima el primer Congreso Internacional sobre este ámbito. El propósito del congreso es establecer una cultura de protección de datos personales en la región, principalmente en aquellos países donde se está trabajando con nueva legislación, bajo el lema “Protección de datos en las sociedades actuales”.
América Latina es ahora el principal importador de datos de España, de acuerdo a las palabras de Jesús Rubí, adjunto al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se puede extraer, como forma de ejemplo, a Argentina, que ha importado datos de 260 entidades españolas, así como Perú, con acceso a 114 en lo que va de año; principalmente motivado con la instalación de call centers fuera de nuestras fronteras.
Protección de datos no es novedoso en todos los países latinoamericanos, pero en los últimos años hemos visto como ya una gran parte de países han ido contemplándolo en sus legislaciones. El catedrático Nelson Remolina, de la Universidad de los Andes (Colombia), aportó datos sobre el estado actual: “el 45% de los países en América Latina tiene normas de protección de datos, y el 70% de las Constituciones de la región hace alguna referencia al derecho de acceso a la información”.
Aprovechando el evento, cada uno de los representantes dieron balance de la situación del cumplimiento normativa en sus respectivos países. El director de la AEPD, José Luis Rodríguez explico que en el caso de España, las sanciones que se aplicaron el pasado año provenían en su mayoría del sector de las telecomunicaciones, con un 71% del total, seguidas de las entidades financieras (13%) y las de suministro de agua y energía (6%). En total, durante el pasado año, se ha recaudado 21 millones de euros en sanciones a entidades que incumplieron la norma. Estos resultados difieren mucho del resto de países asistentes, donde la mayor parte de los procedimientos se resuelven en la etapa de conciliación, como afirmó el secretario mexicano.
En palabras de José Ávila, viceministro peruano, “La información es poder, sobre todo si permite influir en las personas”. Durante el congreso se busco delimitar la utilización democrática de la tecnología, limitar su uso desde un punto de vista personal, pero también la importancia y la capacidad para que desde el poder se reclamen esos derechos de forma proactiva, aunque la sociedad no tenga la madurez suficiente como para hacerlo de forma autónoma aún.
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